A pesar del ánimo belicoso de muchos con quienes he hablado, considero que los ocho años del gobierno Uribe en Colombia han sido desperdiciados.
Álvaro Uribe contó con todo el caudal político y social para poder sacar adelante reformas económicas y sociales que pudieran poner a Colombia en la primera plana de América Latina, combatiendo posiciones de liderazgo con Brasil y México, pero su saña con la oposición, las altas cortes, los vecinos y con la guerrilla malogró ese patrimonio.
Por ejemplo la política económica impulsada por el gobierno nacional, enfocada en un aumento de la inversión extranjera como resultado del fortalecimiento de la seguridad y de la entrega de prebendas fiscales, no pudo levantar las cifras de desempleo que encontró tras el fin del mandato Pastrana. Asimismo, los niveles de informalidad se dispararon a cifras cercanas al 60% sin esperanzas algunas para que ese porcentaje de personas puedan vincularse al mercado laboral con garantías de estabilidad.
La Ley 100, esa misma que impulsó en sus tiempos de senador el ahora Presidente, no aseguró otra cosa que la intermediación de los contratos con lo que e hizo evidente esa malicia indígena según la cual “hecha la ley, hecha la trampa”.
Es más, la que bien podría entenderse como la joya de la corona, la política de seguridad democrática, no atinó a destruir a las FARC en los 18 meses estipulados inicialmente, sin que ello quiera decir que no se las dejó acorraladas y fuertemente golpeadas. Eso sí, los golpes propinados a las FARC demostraron una vez más su proverbial capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones que le imponen desde el ejecutivo, llevándolas a resguardarse en Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá.
Asimismo, la bandera anticorrupción que se ondeaba en principio desde Palacio increíblemente terminó por enlodarse en medio del trámite de la primera reelección, puesto que ese caudal político en el legislativo, así como en el constituyente primario, le bastaban para pasar la reelección fácilmente y así seguir con las reformas. Con ello, se hace incomprensible que desde Presidencia se hubiera impulsado la aprobación por medio de la compra de votos, tal y como lo demostró parcialmente la justicia en el caso de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.
Pero como si eso no hubiera sido suficiente, los escándalos de las interceptaciones ilegales, en un comienzo descubiertas en la Policía (cuya investigación al parecer quedó en veremos) y luego con el DAS y la UIAF, evidenciaron un manejo como mínimo errático —por no decir malintencionado— de las instituciones de inteligencia del Estado dependientes de la Casa de Nariño.
Otro de los enormes desastres de esta administración que termina es la incapacidad por adelantar obras de infraestructura con las que el país lograra salir adelante después de un atraso de más de 40 años en puertos y carreteras, y más con las miras puestas en la aprobación indiscriminada de tratados de libre comercio. Así las cosas, la tarea quedó a medias: se abrieron las puertas al comercio exterior pero no hay formas para llegar a ellas.
Con ello, los 7 millones de votos que obtuvo Uribe podrán verse como desperdiciados cuando el gobierno que eligieron dio más pantalla, escándalo y vergüenzas que ejemplos de buen gobierno.
